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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

La vuelta a la “normalidad” sin duda implicará un aumento de la necesidad de resolver la conflictividad laboral pasada o previa a la declaración del estado de alarma, la presente que no es poca, derivada de tal declaración con una regulación normativa completamente novedosa, sobre la que no tendremos jurisprudencia en un tiempo, y la futura derivada de la situación en la que quedará la economía nacional y global tras la superación de la pandemia del COVID-19. 

   Si duda desde el punto de vista de la Abogacía, supone un reto apasionante, tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos, desde el punto de vista de nuestras habilidades profesionales, ya que contribuiremos con nuestra labor como coadyuvantes de la Administración de Justicia a la creación de esa nueva jurisprudencia,a través de nuestros alegatos que tendrán que ser más convincentes, y en los que tendrá un peso específico nuestra creatividad jurídica en un terreno virgen.

Resulta imprescindible dotar a la Administración de Justicia en general y a la Jurisdicción de lo Social en particular de los medios técnicos y humamos necesarios para satisfacer el derecho a la defensa, en el caso que nos ocupa de los trabajadores, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, así como el principio de justicia material y el cumplimiento de la legalidad, que más allá de las legítimas expectativas de los justiciables se incardina de pleno en la propia configuración de España como un Estado Social y Democrático y de Derecho del artículo 1 de la Constitución Española. En este momento cobraría más sentido que nunca el establecimiento de un sistema alternativo de resolución de conflictos, como podría ser la mediación en materia laboral, llevada a cabo por profesionales del Derecho, que dejamos apuntada como primera propuesta para descongestionar la Administración de Justicia en el orden social.

  Partimos de la premisa “lo primero es la salud”, pero no debemos olvidar que “lo segundo es el pan”, y los efectos económicos de la pandemia agravarán una situación económica que ya estaba complicada para muchos trabajadores, que pasarán a ser desempleados. Debemos abogar por evitar que amplias capas de la población caigan en situación de exclusión social, porque si algo deberíamos asumir como sociedad tras la experiencia que estamos viviendo, es que “todo nos afecta a todos”, y que si queremos salir reforzados como sociedad es imprescindible cuidar aspectos comunitarios como la sanidad pública, y un sistema económico tiene que garantizar un mínimo de supervivencia para que una sociedad sea más humana y próspera, porque sin este mínimo, los derechos se convierten en papel mojado. 

La renta mínima universal es la segunda propuesta que entendemos buena para todos, y no sólo para los que gracias a la misma, podrán evitar caer en la exclusión social, sino que puede ser motor para la tan deseada como necesaria recuperación de la economía.

   Desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores en estos momentos durante la vigencia del estado de alarma, uno de los principales problemas que estamos detectando son los despidos objetivos que se realizan contra legem

       La extinción del contrato por causas objetivas regulada en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, derivada del COVID-19 está expresamente prohibida desde el 28 de marzo de 2.020 por el artículo 2 del Decreto-ley 9/2020 de 27 de marzo, pero entendemos que pese a que no se haya previsto la retroactividad de la norma, consideramos defendible su extensión a despidos anteriores a la entrada en vigor, porque no es una disposición sancionadora ni restrictivas de derechos, por el contrario, ampara los derechos de los trabajadores. 

Hay que evitar, siguiendo el dicho popular “a río revuelto, ganancia de pescadores” que se aproveche la situación de pandemia para “librarse” de trabajadores reivindicativos, o trabajadoras embarazadas……, cuando existe el mecanismo del ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal) para poder mantener en suspenso el contrato laboral, y no destruir empleo, sin coste para el empresario, como pasaremos a exponer a continuación.

En definitiva, en este punto vaticinamos gran cantidad de demandas, en mi despacho, ya tenemos papeletas de conciliación relacionadas con este asunto redactadas, esperando que se levante el estado de alarma para presentarlas. Entendemos que en estos casos, cabe la solicitud de nulidad de los despidos objetivos efectuados por motivo del COVID19, con reclamación de readmisión y salarios de tramitación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello con independencia de las sanciones que puedan imponerse por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La figura de los ERTES (Expedientes de Regulación de Empleo temporales), desde el punto de vista del trabajador suponen una solución para el mantenimiento del empleo durante el estado de alarma, y es una medida adoptada para evitar una sangría de despidos que pueden poner en serio peligro la recuperación de la economía. En los ERTEs los empresarios se ahorran los costes de seguridad social de los trabajadores, así como los gastos salariales que corren por cuenta del SEPE a través de la prestación por desempleo.

Por su parte, los trabajadores en ERTE cobrarán el desempleo en todo caso, aunque no cumpla los requisitos para ello, eso sí, verán disminuido el importe salarial según los casos la norma general es que se cobra el 70% de la base de cotización, pero la ventaja que obtienen es que se periodo no le computa efectos del plazo máximo de la prestación es decir “no gastan su paro”. Además, existe un compromiso de mantener durante 6 meses mínimos en vigor el contrato suspendido por el ERTE. Los trabajadores fijos-discontinuos se asimilan a los indefinidos y también pueden sus contratos suspenderse si el periodo de alarma coincide con el perído en que estén realizando su prestación.

En el caso de los trabajadores temporales se suspenderá el contrato por ERTE, y se reanudará por el tiempo que quedare una vez finalizado el estado de alarma. También podría reclamarse por extinción de contratos temporales que no hayan finalizado su duración establecida por motivos relacionados con el COVID-19.

Los trabajadores afectados por un ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) no tienen que hacer ninguna gestión ante el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), son las empresas las que gestionan el abono de sus prestaciones, lo advertimos para evitar estafas online que pretenden recabar datos bancarios o que piden cantidades de dinero por prestar un servicio inexistente. La recomendación con carácter general es que se asesoren en los sindicatos, o consulten con profesionales especializados en Derecho Laboral y Seguridad social.

Los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo son suspensiones del contrato de trabajo, causadas directamente por pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, incluída la declaración de alarma promulgada el 14 de marzo de 2.020, regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, considerando como situaciones de fuerza mayor:

1º Suspensión o cancelación de actividades

           2º Cierre temporal de locales de afluencia pública

3º Restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de  personas y mercancías

 4º Falta de suministros que impidan el desarrollo de la actividad económica

            5º . Situaciones de contagio de plantilla o aislamiento preventivo

Otra cuestión desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores es el derecho del trabajador y la obligación de la empresa exigida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de dotar a los trabajadores de los EPI, (Equipos de Protección Individual) necesarios para el desarrollo de su trabajo para protegerlos del riesgo de contagio, la ley ampara al trabajador que se niegue a realizar la prestación de su trabajo por no tener los EPI, teniendo que dejar debida constancia de este incumplimiento empresarial mediante la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los casos especialmente graves como en el ámbito sanitario, ante el Juzgado competente. A este respecto, hay que indicar que si el trabajador quedara contagiado en la prestación de su trabajo como consecuencia de no habérsele dotado del EPI, será considerado accidente de trabajo, y puede llevar aparejado para la empresa, con independencia de las sanciones que se le puedan imponer, un recargo sobre las prestaciones que recibiera el trabajador como consecuencia de este accidente de trabajo ( incapacidad temporal, declaración de invalidez permanente, o incluso prestaciones por muerte y superviviencia) de un 30 al 50% sobre la misma.

En cuanto al permiso retribuido  recuperable establecido por Real Decreto-ley 10/2020 de 29 de marzo para los trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, tiene un periodo de duración desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive. Durante este tiempo el trabajador recibirá su remuneración pero no trabajará, ese tiempo de trabajo se recuperará posteriormente. No podrán gozar de este permiso los trabajadores realicen su actividad por teletrabajo porque están excluidos expresamente en el artículo 1, tampoco aquellos que tengan su contrato de trabajo en situación de suspenso (ERTE, incapacidad temporal…), y aquellos que realicen actividades esenciales recogidas como ANEXO con 25 apartados, con carácter general las relacionadas con sectores de la alimentación, la sanidad, el transporte, la comunicación, la limpieza, actuaciones judiciales consideradas urgentes, gestión de impuestos y ERTES de la empresas….).

Otro de los aspectos que tenemos que contemplar desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, es el teletrabajo, figura que ha llegado para quedarse en muchas empresas, en relación con control de jornada laboral, salario, o salud laboral del trabajador (ergonomía), para evitar situaciones de vulneración de los mismos, que podrían agravarse como consecuencia del aislamiento físico en el que se realiza la prestación de trabajo del resto de sus compañeros de los centros de toma de decisión empresarial y de las secciones sindicales de los centros de trabajo, que es uno de los conceptos claves del derecho laboral que se difumina con estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena. 

Desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, si sumamos las dificultades de la empresa privada va a tener para crear empleo durante y después del estado de alarma para crear empleo, al capital humano en conocimientos, habilidades y experiencia de muchos trabajadores, se plantea la creación de Cooperativas como una alternativa en la que los propios trabajadores se organizan y que bien gestionadas pueden suponer una mejora de las condiciones laborales y contribuir al desarrollo de economías locales. En este sentido los trabajadores pueden capitalizar en un solo pago el desempleo para dedicar el capital a la constitución de una Cooperativa que desarrollarse en cualquier sector económico (tecnológico, construcción, servicios, agrícola, energía…)

          Los trabajadores autónomos sin duda son los grandes olvidados, pese a su peso específico cuantitativo y cualitativo en nuestro país, por poner un ejemplo en la Abogacía el 80% de los despachos son PYMES, no han sido amparados por la medida que tanto se ha reivindicado en relación con la exención de la cuota a la seguridad social durante el estado de alarma, imprescindible cuando entendemos que si no pueden trabajar y obtener ingresos no pueden tener gastos porque implicará que muchos no puedan seguir adelante o contraigan deudas en un incierto panorama, con ahogamiento de un importante sector de la economía, entendemos que no se puede, como se ha hecho, animar a la gente a emprender, para dejarlos desprotegidos ante una situación que insisto “nos efecta a todos”. 

Alguna medida se ha tomado en relación con créditos para el abono del alquiler y algunos créditos blandos si no tienen gastos no pueden tener ingresos, en marzo, en pleno estado de alarma se le ha pasado al cobro la cuota de seguridad social, y en abril llega el abono del trimestre del IVA e IRPF, otra de las reivindicaciones del colectivo de autónomos es que se pasara a julio con el segundo trimestre pero no ha sido atendida. 

Se ha aprobado una prestación extraordinaria por cese de actividad o disminución de facturación un 75% en el mes anterior al que se solicite la suspensión, esta última a presentar desde el próximo 1 de abril. Tendremos que estar pendiente de la concesión no de esta prestación por las Mutuas encargadas de gestionarlas. En este punto no tengo más remedio que hacer alusión a la injusta exclusión de los abogados sujetos al abono de la Mutualidad de la Abogacía de estas ayudas, de las que entiendo se tendría que hacer cargo la propia Mutualidad de la Abogacía por mandato legal al respecto, porque en este sentido lo que tampoco cabe es patrimonializar beneficios y socializar pérdidas.

Finalmente, en cuanto a la línea de créditos ICO, en la medida en que se cobra un interés, la inyección de recursos va directamente para los bancos que conceden los créditos, y los autónomos que accedan a ellos en una situación económica de incertidumbre en cuanto al ritmo de recuperación económica, tendrán que poner en marcha su actividad endeudados con lo que en algunos casos puede suponer  “pan para hoy y hambre para mañana”.

Quiero finalizar con un mensaje de esperanza y confianza en todas las personas que integran nuestro país, cada una desde su ámbito de responsabilidad individual y colectiva, para que entendamos que “todo nos afecta a todos” y aunemos esfuerzos por el bien común, caminado de la mano y construyendo una sociedad más Justa y más Humana.